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CAPADEI Alerta Sobre la Inseguridad Jurídica en el Sector Inmobiliario y Llama al Diálogo con Autoridades

Actualizado: 13 mar

La Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (CAPADEI) expresó su profunda preocupación ante la creciente inseguridad jurídica que atraviesa el sector. A través de un comunicado oficial, la entidad alertó sobre decisiones administrativas y judiciales que han comenzado a afectar de manera directa el desarrollo de proyectos inmobiliarios, generando incertidumbre entre los inversores, desarrolladores y profesionales que conforman la cadena de valor del rubro.


Alex Loza, Jorge Figueredo, Julio Delgado, Raúl Constantino, Adriana Romañach, Francisco Gómez y Gonzalo Faccas, miembros del directorio de CAPADEI, durante su participación en el IV Foro Inmobiliario Paraguay 2024.
Alex Loza, Jorge Figueredo, Julio Delgado, Raúl Constantino, Adriana Romañach, Francisco Gómez y Gonzalo Faccas, miembros del directorio de CAPADEI, durante su participación en el IV Foro Inmobiliario Paraguay 2024.

El pronunciamiento de la cámara responde a una serie de hechos recientes que han impactado negativamente en la dinámica del sector, entre ellos la suspensión del proyecto Petra Signature, ubicado sobre la avenida Molas López. Este caso ha puesto en evidencia, según CAPADEI, una preocupante falta de criterios técnicos, procedimientos claros y tiempos razonables en la toma de decisiones que afectan directamente a inversiones ya iniciadas. La paralización de obras no solo representa una amenaza para la continuidad de los emprendimientos, sino que también genera consecuencias económicas inmediatas, como la pérdida de empleos, la interrupción de contratos y la caída en la confianza de los actores involucrados.


En el documento, la cámara sostiene que el marco normativo vigente es insuficiente para brindar garantías mínimas a quienes invierten en el desarrollo urbano del país. La ausencia de reglas claras y predecibles, sumada a la aplicación discrecional de normas y a la falta de coordinación entre organismos públicos, configura un escenario en el que los proyectos se ven expuestos a riesgos jurídicos y reputacionales que desalientan la inversión privada. Según CAPADEI, este contexto erosiona uno de los valores más fundamentales de una economía moderna: la seguridad jurídica.


Además, la organización señala que el impacto de estas decisiones va más allá del ámbito empresarial. La paralización de proyectos incide directamente en la calidad de vida de los ciudadanos, al limitar el acceso a nuevas viviendas, servicios y espacios urbanos planificados. También afecta la planificación urbana a largo plazo y el uso eficiente del suelo, en un momento en que la capital y otras ciudades del país enfrentan desafíos crecientes en materia de densificación, movilidad y sostenibilidad.


Ante esta situación, CAPADEI insta a las autoridades a asumir un rol más activo en la revisión y modernización del marco legal e institucional que regula la actividad inmobiliaria. Reclama la necesidad de establecer procesos administrativos basados en criterios técnicos objetivos, con procedimientos claros, ágiles y transparentes, que permitan a los desarrolladores planificar con seguridad y cumplir con los estándares requeridos por ley. Asimismo, propone la creación de espacios de diálogo institucional entre el sector privado y los organismos públicos, a fin de identificar los vacíos normativos y las barreras que hoy dificultan el desarrollo de proyectos.


La cámara también hace énfasis en que no está solicitando privilegios ni excepciones, sino el cumplimiento de derechos constitucionales y legales que garanticen condiciones justas y equitativas para todos los actores del sector. Subraya que la previsibilidad normativa es indispensable para consolidar una cultura de inversión sólida, especialmente en un país como Paraguay que busca posicionarse como destino atractivo para el capital local e internacional.


Finalmente, CAPADEI reafirma su compromiso con un desarrollo urbano ordenado, inclusivo y sostenible. Señala que el sector inmobiliario ha sido, históricamente, uno de los principales motores de la economía nacional, generando empleo formal, impulsando la demanda de bienes y servicios, y contribuyendo al crecimiento de las ciudades. Pero advierte que ese potencial solo puede mantenerse si se construyen condiciones de confianza, transparencia y seguridad jurídica que respalden el esfuerzo de quienes apuestan por el desarrollo del país.

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